Revueltas árabes y responsabilidad ante el comercio de armas

4 03 2011

(Artículo publicado en El Periódico de Catalunya, 04/03/2011)

Después de décadas de sumisión, ciudadanas y ciudadanos árabes han empezado a decir basta a regímenes despóticos y autocráticos.

Con su determinación y valentía, las gentes de Túnez y Egipto han tumbado a sus regímenes. En Libia, con un alto coste humano debido a la desesperada y salvaje respuesta gubernamental, están a punto de conseguirlo. En otros países (Argelia, Bahréin, Jordania, Yemen, etcétera), los gobernantes se han apresurado a proponer cambios que durante años fueron impensables. Unos regímenes cuya solidez residía en buena parte en el miedo que infundían a través de la represión, pero también en el apoyo de la comunidad internacional. Muchos países del ámbito democrático, aun haciendo gala de sus valores –e incluso a veces impulsando guerras humanitarias o en nombre de la defensa de los derechos humanos–, no han tenido ningún problema en apoyar a dictadores sangrientos que tenían a sus países en un permanente estado de excepción.

Dentro de este apoyo, no podemos dejar de señalar un elemento que hoy cobra un gravísimo significado: las ventas de armas a muchos de estos regímenes. Sin ir más lejos, entre el 2006 y el 2009, los países de la UE vendieron a Libia armas por 1.400 millones de euros (incumpliendo la Posición Común 2008/994/PESC). Y, tal como denunció la campaña Armas bajo Control, en los últimos años, España ha superado ampliamente los 20 millones de euros entre material de defensa y de doble uso vendido a Libia (incumpliendo, además de la legislación comunitaria, la ley 53/2007 que regula el comercio de armas).

Cita en Nueva York

La evidencia de esa responsabilidad es obvia: por ello, en Alemania, el Reino Unido y Bélgica, entre otros países de la UE, se han producido debates acerca de la conveniencia de vender armas a estos regímenes. En España, se ha anunciado recientemente la suspensión de las ventas de armas a Libia. Pero lo sensato no es esperar a que haya miles de muertes para actuar, sino actuar precisamente con el fin de evitarlas.

Las tendencias no apuntan nada bueno. Según acaba de publicar el SIPRI, en el 2009, las 100 principales empresas de armas del mundo (exceptuando China) facturaron 293.000 millones de euros, lo que representó un aumento del 8% respecto al año anterior. De hecho, durante los tres años de crisis, el gasto militar y el comercio de armas han continuando incrementándose.

Se pueden discutir muchas cosas sobre el comercio de armas. Pero hay algo obvio: vender armas a países en conflicto armado, con graves situaciones de violencia social o donde hay regímenes no democráticos, es una contribución objetiva a la inestabilidad, a la inseguridad y al atropello de los derechos humanos.

Pero existen oportunidades. Precisamente ahora que podemos constatar que las quejas sobre los terribles impactos del comercio de armas no son algo abstracto, los estados –y especialmente aquellos que se consideran garantes de la libertad y la democracia– no pueden eludir sus responsabilidades. Por ello, esta semana, en Nueva York, que acoge la segunda ronda hacia un posible tratado mundial que regule el comercio de armas, los gobiernos deben actuar con responsabilidad y determinación. Es urgente y necesario.

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